Todos hemos oído hablar de la obsolescencia programada, una práctica que suele estar en esa confusa línea entre el mito y la realidad, entre quienes creen en ello y los que dicen que son teorías conspiranoicas. Mi smartphone se rompió al día siguiente de acabarse la garantía, la televisión ha dejado de actualizarse y la compré el año pasado, mi lavadora dejó de funcionar a los 3 años y la anterior me duró 15… Seguro que os suena, y la cosa es que hay bastante verdad y ficción en todo ello.

Por ello la noticia de hoy es bastante importante, tanto para nosotros como usuarios como para las empresas tecnológicas, porque no todos los días cazan a una compañía realizando esta maniobra poco ética y la obligan a pagar una multa y reconocerlo. Sí, la justicia ha caído sobre Apple en una sentencia histórica.

Concretamente el organismo francés de Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Prevención del Fraude (DGCCRF) concluyó en sus informes que Apple era culpable de haber ralentizado sus iPhones en 2017 sin previo aviso a los usuarios, por lo que habían incurrido en un delito de práctica comercial engañosa por omisión.

Apple multa iphones obsolescencia programada

Para los que no se acuerden, a finales de 2017 Apple lanzó una actualización de su sistema operativo (iOS 10.2.1) que tenía como fin el evitar los molestos reinicios y apagados de manera espontánea de algunos modelos por tener la batería en mal estado.

Tras liberar la actualización muchos usuarios comenzaron a quejarse debido a que sus móviles habían comenzado a funcionar peor, yendo más lentos y mostrando ralentizaciones que antes no tenían. Por ello, el 5 de enero de 2018 se comenzó a investigar el caso gracias a una denuncia de la organización francesa Halte à l’obsolescende programmée (HOP), que acusaba que este parche tenía como objetivo perjudicar a los iPhone de 2014 y 2015.

Apple multa iphones obsolescencia programada Francia 25 millones

Apple se excusó diciendo que esta medida de ralentizar sus móviles era para evitar que los modelos que tenían la batería estropeada se quedaran sin energía rápidamente. Es decir, que el parche reducía la potencia del procesador de los iPhone para que así las baterías tuvieran más autonomía. ¿El problema? Que esta práctica no es legal y, además, no se avisó a los usuarios.

Y, tras el resultado de la comisión de investigación DGCCRF, la compañía americana ha decidido aceptar pagar los 25 millones de euros de multa y poner un comunicado en su página web durante todo un mes -explicando lo ocurrido- para evitar un juicio público que podría hacerle aun más daño.

Sin duda esta sentencia es ya historia moderna y supone uno de los mayores casos de obsolescencia programada donde se ha podido demostrar de forma oficial. Ojalá sirva para que estas prácticas dejen de ser una constante en el sector tecnológico, pero cuesta ser optimista cuando las multas son como calderilla para empresa multimillonarias.